Un impuesto sobre el patrimonio propuesto en California, dirigido a los multimillonarios, ha provocado una importante oposición por parte de los fundadores de empresas tecnológicas, lo que ha suscitado preocupación por posibles salidas del estado. La propuesta, que aún no ha calificado para la votación, exige que los residentes de California con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares paguen un impuesto único equivalente al 0,5% de sus activos, pagadero en cinco años.

La controversia comenzó después de que The New York Times informara de que el inversor de capital riesgo Peter Thiel y el cofundador de Google, Larry Page, estaban considerando abandonar California si la ley entraba en vigor. El representante Ro Khanna, un demócrata que representa parte de Silicon Valley, reconoció el informe en X, antes Twitter, afirmando: "Los extrañaré mucho", haciéndose eco de un sentimiento expresado una vez por el presidente Franklin Roosevelt.

Los partidarios del impuesto sobre el patrimonio pretenden utilizar los ingresos generados para compensar los posibles recortes de fondos federales para la atención médica. Sin embargo, primero deben reunir suficientes firmas para asegurar su inclusión en la boleta electoral de noviembre de 2026.

El apoyo de Khanna a la iniciativa fiscal ha provocado una ola de reacciones negativas dentro de la comunidad tecnológica. Palmer Luckey, cofundador de la startup de tecnología de defensa Anduril, advirtió que el impuesto obligaría a los fundadores a vender porciones sustanciales de sus empresas para cubrir la carga fiscal, lo que podría obstaculizar la innovación y el crecimiento. Argumentó que los fondos se utilizarían para "fraude, despilfarro y favores políticos".

El posible éxodo de personas con un alto patrimonio neto de California podría tener implicaciones más amplias para la economía y la base impositiva del estado. La concentración de riqueza en el sector tecnológico significa que incluso un pequeño número de salidas podría afectar significativamente los ingresos del estado. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia a largo plazo de los impuestos sobre el patrimonio y sus posibles consecuencias no deseadas.

El debate en torno al impuesto sobre el patrimonio pone de relieve la tensión constante entre la redistribución de la riqueza y la competitividad económica. Los defensores argumentan que tales impuestos pueden ayudar a abordar la desigualdad de ingresos y financiar servicios públicos esenciales. Los opositores sostienen que pueden desalentar la inversión, alejar el talento y, en última instancia, perjudicar la economía.

El impuesto propuesto aprovecha el concepto de patrimonio neto que, en el contexto del análisis financiero impulsado por la IA, puede calcularse con una precisión cada vez mayor utilizando algoritmos que agregan datos de diversas fuentes, incluidas las propiedades inmobiliarias, las carteras de acciones y otros activos. Sin embargo, la valoración de los activos, en particular los vinculados a empresas privadas o tecnologías emergentes, puede ser subjetiva y propensa a fluctuaciones, lo que podría dar lugar a disputas sobre las obligaciones fiscales.

El siguiente paso para la propuesta del impuesto sobre el patrimonio es la fase de recolección de firmas. Si los proponentes logran recolectar suficientes firmas válidas, la medida se incluirá en la boleta electoral de noviembre de 2026, lo que permitirá a los votantes de California decidir su destino. El resultado de esta votación podría tener importantes ramificaciones para la industria tecnológica del estado y su panorama económico general.