El tribunal dictó penas de prisión suspendida de hasta ocho meses a la mayoría de los acusados. Un individuo fue encarcelado de inmediato por no comparecer ante el tribunal. Varios acusados también vieron suspendidas sus cuentas de redes sociales como parte del fallo. Según el juez, los ocho hombres y dos mujeres demostraron una clara intención de dañar a Brigitte Macron a través de sus comentarios degradantes e insultantes en línea.

El caso pone de relieve el creciente problema del acoso en línea y los desafíos legales para abordarlo. El ciberacoso, que a menudo implica ataques coordinados y la difusión de información errónea, puede tener graves consecuencias psicológicas y de reputación para las víctimas. La fiscalía argumentó que la naturaleza coordinada de la campaña en línea contra Brigitte Macron amplificó su impacto y justificó la intervención legal.

Dos de las acusadas, Natacha Rey, una autoproclamada periodista independiente, y Amandine Roy, una adivina de internet, fueron declaradas culpables de difamación en 2024 por afirmar falsamente que la Primera Dama de Francia no existía y que, de hecho, era su hermano Jean-Michel Trogneux quien se había sometido a una transición de género. Esta condena fue posteriormente revocada en apelación. El tribunal de apelaciones razonó que afirmar que alguien había cambiado de género no constituía difamación.

Los procedimientos legales contra las diez personas subrayan el intento del sistema legal francés de lidiar con la difamación y el acoso en línea. Si bien la libertad de expresión está protegida, los tribunales han demostrado su disposición a procesar a las personas que participan en campañas dirigidas de desinformación y abuso. La suspensión de las cuentas de redes sociales también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la moderación del contenido y la prevención de la difusión de falsedades dañinas.

El resultado de este caso podría influir en futuras acciones legales contra los ciberacosadores en Francia y podría servir como precedente para otros países que enfrentan desafíos similares. La atención se centra ahora en el seguimiento de la aplicación de las sentencias y en la observación de cualquier posible apelación presentada por los acusados. El caso también suscita un debate más amplio sobre la necesidad de mejorar la alfabetización digital y el comportamiento responsable en línea.