Nueva Jersey se convirtió en el estado más reciente de Estados Unidos en restringir el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en las escuelas públicas, uniéndose a una creciente tendencia internacional destinada a minimizar las distracciones en el aula. El gobernador Philip D. Murphy promulgó la ley el jueves en la escuela secundaria Ramsey, exigiendo que las juntas de educación locales establezcan normas que prohíban los teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a internet durante la jornada escolar, con vigencia para el año académico 2026-27.
La legislación busca abordar las preocupaciones de que los estudiantes se distraigan de sus estudios con distracciones digitales como mensajes de texto, redes sociales y juegos. El proyecto de ley recibió apoyo bipartidista en la Legislatura de Nueva Jersey, aprobándose casi un año después de que el gobernador Murphy respaldara inicialmente el concepto de escuelas libres de teléfonos. "Lo digo más como padre de cuatro hijos que como gobernador", declaró Murphy en la ceremonia de firma. "Ojalá esta prohibición hubiera estado vigente hace mucho tiempo".
A nivel mundial, las preocupaciones sobre el impacto de los teléfonos inteligentes en la concentración y el bienestar de los estudiantes han provocado diversas respuestas. Francia implementó una prohibición nacional de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias en 2018. Debates y programas piloto similares han tenido lugar en países como el Reino Unido, donde las escuelas individuales a menudo determinan sus propias políticas con respecto al uso del teléfono. En algunos países del este de Asia, donde se hace mucho hincapié en el rendimiento académico, las escuelas han tenido durante mucho tiempo regulaciones estrictas sobre el uso de la tecnología durante el horario escolar.
La ley de Nueva Jersey refleja una creciente conciencia en los EE. UU. de las posibles desventajas de la tecnología ubicua en los entornos educativos. Si bien los defensores argumentan que los teléfonos celulares pueden ser herramientas de aprendizaje valiosas, persisten las preocupaciones sobre su potencial para interrumpir la instrucción en el aula, facilitar el ciberacoso y contribuir a la ansiedad de los estudiantes. La implementación de la nueva ley requerirá que las juntas escolares locales desarrollen políticas específicas que se ajusten al mandato estatal, dejando margen para la variación en la forma en que se aplica la prohibición en los diferentes distritos. Se espera que la ley entre en vigor en el año escolar 2026-2027.
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