Los demandantes, entre ellos el diputado Almameh Gibba, argumentan que la prohibición infringe las libertades religiosas y culturales. Gibba presentó anteriormente un proyecto de ley al parlamento buscando despenalizar la MGF, que finalmente fue rechazado. El actual desafío legal se produce después de un trágico incidente el año pasado en el que dos bebés murieron por complicaciones relacionadas con la MGF.

La MGF, que implica la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, es una práctica cultural profundamente arraigada en muchas partes de África, Asia y Oriente Medio. Según UNICEF, se estima que más de 200 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día han sido sometidas a alguna forma de MGF. En Gambia, casi el 75% de las mujeres han sido mutiladas, a menudo durante la infancia.

La práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, con consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo para las víctimas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha condenado la MGF, citando su falta de beneficios médicos y su potencial para causar graves problemas de salud, incluyendo infecciones, dolor crónico y complicaciones durante el parto.

Fatou Baldeh, fundadora de la organización gambiana de derechos Women in Liberation Leadership, considera el desafío legal como un revés para los derechos de las mujeres en el país. Argumenta que la prohibición de la MGF es crucial para proteger a las niñas y mujeres de daños y promover la igualdad de género. Activistas y abogados de todo el mundo han expresado su preocupación de que el caso en Gambia refleje una tendencia más amplia de movimientos anti-derechos de las mujeres que están ganando impulso y socavando el progreso realizado en la igualdad de género.

El caso ante el Tribunal Supremo está programado para reanudarse este mes. El resultado tendrá importantes implicaciones para el futuro de los derechos de las mujeres en Gambia y podría influir potencialmente en debates similares en otros países donde la MGF sigue siendo prevalente. Las actuaciones están siendo observadas de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres en todo el mundo.