Un legislador de Utah propuso esta semana un proyecto de ley que impondría un impuesto del 7 por ciento a los sitios pornográficos que operan dentro del estado. El senador estatal Calvin Musselman, republicano, presentó el proyecto de ley, que gravaría los ingresos totales procedentes de ventas, distribuciones, membresías, suscripciones, actuaciones y contenidos considerados perjudiciales para los menores. El impuesto se aplicaría al material producido, vendido, filmado, generado o basado de otro modo en Utah.

Si el proyecto de ley se aprueba, entraría en vigor en mayo y exigiría a los sitios para adultos el pago de una tasa anual de 500 dólares a la Comisión Estatal de Impuestos. Según la legislación, los ingresos generados por el impuesto se asignarían al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah para reforzar el apoyo a la salud mental de los adolescentes. Musselman no respondió a las solicitudes de comentarios.

El impuesto propuesto surge en medio de un creciente escrutinio de la industria del entretenimiento para adultos y de los continuos debates sobre la libertad de expresión en línea. Las leyes de verificación de la edad ya han comenzado a remodelar el panorama de las plataformas de contenido para adultos. La medida adoptada en Utah refleja una tendencia más amplia entre los conservadores estadounidenses a imponer mayores restricciones al contenido para adultos. En septiembre, Alabama se convirtió en el último estado en promulgar regulaciones más estrictas sobre la industria.

La industria del entretenimiento para adultos ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia, y los críticos han expresado su preocupación por su posible impacto en los valores sociales y la salud pública. Los defensores de la industria argumentan que es una forma legítima de expresión y entretenimiento, que contribuye significativamente a la economía. El impacto cultural de la pornografía es innegable, influyendo en todo, desde la moda y la música hasta las actitudes sobre el sexo y las relaciones.

El futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto a medida que avanza en el proceso legislativo. Se prevén impugnaciones legales, y es probable que los opositores argumenten que el impuesto es inconstitucional e infringe los derechos de libertad de expresión. Se espera que el debate en torno al proyecto de ley sea acalorado, lo que refleja las profundas divisiones sobre el papel del gobierno en la regulación del contenido para adultos.