Fuerzas estadounidenses incautaron un sexto buque cisterna en el Mar Caribe como parte de los esfuerzos continuos para controlar las exportaciones de petróleo venezolano, según informaron funcionarios. El buque, llamado Veronica, fue abordado en una operación antes del amanecer "sin incidentes", según el ejército estadounidense, ya que supuestamente estaba desafiando la "cuarentena de buques sancionados" del presidente Donald Trump.
El Comando Sur de EE. UU. declaró que "el único petróleo que salga de Venezuela será petróleo que esté coordinado de manera adecuada y legal". El comando también publicó un video en las redes sociales que muestra a marines y marineros abordando el buque cisterna.
Según el servicio de monitoreo TankerTrackers.com, el Veronica, un buque cisterna de petróleo crudo que navegaba bajo bandera guyanesa, zarpó vacío de aguas venezolanas a principios de enero.
Esta incautación es la última de una serie de acciones tomadas por EE. UU. para hacer cumplir las sanciones contra Venezuela, destinadas a presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estas sanciones tienen como objetivo limitar el acceso del régimen de Maduro a los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, que son una fuente crucial de ingresos para el país.
Desde los ataques militares estadounidenses contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro este mes, Trump ha dicho que planea aprovechar las enormes reservas de petróleo del país.
El gobierno de EE. UU. ha argumentado que el régimen de Maduro es ilegítimo y ha participado en prácticas corruptas, lo que ha provocado dificultades económicas e inestabilidad política en Venezuela. EE. UU. ha reconocido al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El gobierno venezolano ha condenado las sanciones estadounidenses como ilegales y una violación del derecho internacional. La administración de Maduro sostiene que es el gobierno legítimo de Venezuela y que EE. UU. está interfiriendo en los asuntos internos del país.
Las acciones de EE. UU. en el Mar Caribe reflejan una estrategia más amplia de utilizar la presión económica para lograr objetivos de política exterior. El uso de sanciones e interdicción marítima plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y el derecho internacional, así como las posibles consecuencias humanitarias para el pueblo venezolano.
La situación sigue siendo tensa y se esperan nuevos acontecimientos a medida que EE. UU. continúa aplicando su política de sanciones y el gobierno venezolano busca eludir estas restricciones. El impacto a largo plazo de estas acciones en la economía y la estabilidad política de Venezuela está aún por verse.
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