El presidente Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota para sofocar las protestas provocadas por el tiroteo fatal de una mujer de Minneapolis por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una semana antes. La amenaza se produjo a través de una publicación en Truth Social, donde Trump declaró: "Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores e insurrectos profesionales que atacan a los patriotas de I.C.E., que solo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes".
La Ley de Insurrección es una ley federal, que data de 1807, que faculta al Presidente para desplegar tropas militares estadounidenses en suelo estadounidense en casos de insurrección, rebelión o violencia doméstica donde las autoridades estatales no pueden o no quieren mantener el orden. Los expertos legales señalan que la Ley rara vez se invoca y generalmente se reserva para circunstancias extremas.
Las protestas en Minnesota se intensificaron después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Macklin Good, de 37 años, y se intensificaron aún más el miércoles por la noche cuando agentes de ICE dispararon a un inmigrante venezolano en la pierna durante un intento de arresto. Estos incidentes alimentaron manifestaciones a nivel nacional contra la presencia y las acciones de ICE.
La Ley de Insurrección otorga al presidente una amplia autoridad, pero su uso está sujeto a interpretación legal y posibles impugnaciones. Históricamente, los presidentes han invocado la Ley en situaciones que van desde la supresión de la Rebelión del Whiskey en 1794 hasta la aplicación de las leyes de derechos civiles en la década de 1960. La decisión de desplegar el ejército a nivel nacional es importante y plantea preocupaciones sobre la extralimitación federal y la militarización de la aplicación de la ley.
La posible invocación de la Ley de Insurrección genera preocupación entre los defensores de las libertades civiles, quienes argumentan que desplegar el ejército contra los manifestantes podría violar los derechos constitucionales. Los críticos también señalan el potencial de escalada de las tensiones y mayor violencia. La situación en Minnesota sigue siendo tensa, con protestas en curso y un mayor escrutinio de las operaciones de ICE. El gobernador de Minnesota aún no ha comentado sobre la amenaza del Presidente. Los próximos pasos probablemente dependerán de las acciones de las autoridades estatales y locales para gestionar las protestas y abordar las preocupaciones subyacentes de los manifestantes.
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