Un juez federal desestimó el jueves una demanda en California que buscaba otorgar al Departamento de Justicia acceso al archivo de votantes sin editar del estado. La decisión del juez de distrito David O. Carter representa el primer revés legal para el esfuerzo de la administración Trump por consolidar los datos de votantes tradicionalmente gestionados por los estados individuales.

La demanda formaba parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia (DOJ), que ha demandado a 23 estados y a Washington, D.C., por negarse a proporcionar datos de votantes. Según el DOJ, estos datos son necesarios para identificar y prevenir el fraude electoral, particularmente por parte de no ciudadanos. Sin embargo, estados como California argumentan que proporcionar archivos de votantes sin editar, que incluyen información confidencial como números de Seguro Social y datos de licencias de conducir, violaría la privacidad de los votantes y podría exponer a los ciudadanos al robo de identidad.

Un caso similar se está desarrollando en Oregón, donde un juez de distrito indicó el miércoles un plan tentativo para también desestimar la demanda del DOJ. Estos desafíos legales resaltan la creciente tensión entre el gobierno federal y los estados sobre la administración electoral y la seguridad de los datos.

Los esfuerzos del DOJ tienen sus raíces en el enfoque de la administración Trump en la prevención del fraude electoral, una afirmación que ha sido ampliamente disputada por expertos en elecciones. La administración ha promovido la herramienta "SAVE", diseñada para identificar a los votantes no ciudadanos, pero ha enfrentado críticas por señalar incorrectamente a ciudadanos estadounidenses.

California y otros estados sostienen que sus procesos de registro de votantes existentes son seguros y que compartir datos sin editar con el gobierno federal es innecesario y potencialmente dañino. Argumentan que las solicitudes del DOJ son demasiado amplias y carecen de justificación suficiente.

La demanda desestimada plantea interrogantes sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en la administración electoral. Los esfuerzos de consolidación de datos del DOJ podrían aprovechar potencialmente los algoritmos de IA para analizar los datos de los votantes e identificar patrones indicativos de fraude. Sin embargo, los críticos advierten que tales sistemas de IA podrían ser sesgados o inexactos, lo que llevaría a acusaciones injustas y a la privación del derecho al voto.

El uso de la IA en las elecciones es un campo en rápida evolución. Se están desarrollando herramientas impulsadas por IA para diversos fines, incluido el registro de votantes, la gestión de campañas y la seguridad electoral. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas de estos sistemas, así como su impacto potencial en la privacidad de los votantes y los derechos civiles.

El estado actual de los esfuerzos del DOJ es incierto tras los reveses legales en California y Oregón. Es posible que el DOJ apele las decisiones o busque estrategias alternativas para obtener datos de votantes de los estados. El resultado de estas batallas legales podría tener implicaciones significativas para el futuro de la administración electoral y el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados.