Un juez federal desestimó el jueves una demanda en California que buscaba otorgar al Departamento de Justicia acceso al archivo de votantes sin editar del estado. La decisión del juez de distrito David O. Carter representa el primer revés legal para el esfuerzo de la administración Trump por consolidar los datos de votantes tradicionalmente gestionados por los estados individuales.
La demanda formaba parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia (DOJ) dirigido a 23 estados y Washington, D.C., todos liderados por demócratas o estados que el presidente Trump perdió en las elecciones de 2020, según documentos judiciales. El DOJ buscaba acceso a archivos de votantes sin editar, que incluyen información confidencial como números de Seguro Social y datos de licencias de conducir.
El juez Carter no dio a conocer de inmediato su razonamiento para la desestimación. Sin embargo, el estado de California argumentó que proporcionar al DOJ datos tan extensos violaría los derechos de privacidad de sus ciudadanos y podría utilizarse potencialmente para la supresión de votantes.
"Esta es una victoria para la privacidad de los votantes de California", declaró un portavoz de la oficina del Secretario de Estado de California. "Hemos mantenido constantemente que nuestros datos de votantes están protegidos por la ley estatal y que tenemos la responsabilidad de salvaguardar esa información".
Un caso similar se está desarrollando en Oregón, donde un juez de distrito indicó el miércoles un plan tentativo para también desestimar la demanda del DOJ. Estos desafíos legales resaltan el debate en curso sobre la supervisión federal de las elecciones y el equilibrio entre garantizar la integridad electoral y proteger la privacidad individual.
El objetivo declarado del DOJ al buscar estos datos es identificar y prevenir el fraude electoral, particularmente por parte de no ciudadanos. El departamento utiliza una herramienta llamada SAVE (Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios) para contrastar las listas de votantes con las bases de datos federales. Sin embargo, los críticos argumentan que se sabe que el sistema SAVE señala a ciudadanos estadounidenses como posibles no ciudadanos, lo que genera preocupaciones sobre su precisión y el potencial de privación del derecho al voto.
El impulso por la centralización de los datos de los votantes plantea preguntas complejas sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en la administración electoral. Los algoritmos de IA podrían utilizarse potencialmente para analizar grandes conjuntos de datos de información de votantes para identificar patrones de fraude o irregularidades. Sin embargo, tales aplicaciones también plantean preocupaciones sobre el sesgo algorítmico y el potencial de resultados inexactos o discriminatorios. El uso de la IA en las elecciones requiere una cuidadosa consideración de las implicaciones éticas y legales para garantizar la equidad y la transparencia.
El DOJ aún no ha comentado sobre el fallo de California ni ha indicado si planea apelar. El resultado de estos casos podría tener implicaciones significativas para el futuro de la administración electoral y el papel del gobierno federal en la supervisión de las elecciones administradas por los estados. Los casos también subrayan la creciente importancia de la privacidad y la seguridad de los datos en la era digital, particularmente en el contexto de los procesos democráticos.
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