La policía de Uganda negó las acusaciones de que el candidato presidencial Bobi Wine fue secuestrado el viernes por la noche mientras continuaba el conteo de votos en medio de un apagón de internet. El partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), afirmó que un helicóptero aterrizó en su residencia en Kampala y lo llevó por la fuerza a un lugar desconocido.
Los informes contradictorios inicialmente causaron confusión, con el hijo de Wine, Solomon Kampala, declarando que ambos padres fueron capturados, pero luego afirmando que su padre "escapó" y su madre permaneció bajo arresto domiciliario. El portavoz de la policía, Kituuma Rusoke, declaró en una conferencia de prensa el sábado por la mañana que Wine todavía estaba en su casa en Kampala y acusó a los familiares de Wine de difundir afirmaciones "falsas" e "infundadas". Rusoke agregó que los movimientos de Wine estaban restringidos.
Las últimas cifras electorales de la votación del jueves, basadas en los resultados del 94% de los colegios electorales, mostraron al presidente Yoweri Museveni con el 72% de los votos y a Wine con el 24%. Wine ha cuestionado la credibilidad de los resultados.
La elección se llevó a cabo en un contexto de acceso restringido a internet, una táctica que se ha vuelto cada vez más común en las elecciones africanas. El gobierno ugandés ha defendido previamente los cierres de internet como necesarios por razones de seguridad. Los críticos, sin embargo, argumentan que estos cierres limitan la transparencia y reprimen la disidencia.
Museveni, quien ha estado en el poder desde 1986, busca un sexto mandato. Wine, un popular músico convertido en político, ha surgido como su principal rival, particularmente entre los votantes más jóvenes. La elección se ha visto empañada por la violencia y las acusaciones de fraude. Observadores internacionales han expresado su preocupación por la imparcialidad del proceso electoral.
La situación sigue siendo tensa mientras se esperan los resultados finales. La NUP ha convocado protestas pacíficas contra las presuntas irregularidades. El gobierno ha advertido contra cualquier manifestación ilegal.
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