El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tras asegurarse un séptimo mandato, calificó a sus oponentes políticos de terroristas que supuestamente intentaron perturbar los resultados electorales mediante la violencia. Museveni, de 81 años, ganó las elecciones con el 72% de los votos, según los resultados oficiales anunciados el domingo. Sin embargo, las elecciones han suscitado críticas por parte de observadores electorales africanos y organizaciones de derechos humanos, que citan la represión de la oposición y un apagón de Internet a nivel nacional.
El paradero del líder de la oposición, Bobi Wine, cuyo nombre legal es Robert Kyagulanyi, seguía sin estar claro tras su afirmación del sábado de que había evadido una redada policial en su residencia y se encontraba escondido. Wine obtuvo el 25% de los votos. Los funcionarios de policía negaron haber realizado una redada y afirmaron que Wine estaba en su casa, al tiempo que impedían a los periodistas acceder a la propiedad.
La victoria de Museveni extiende su mandato a casi cuatro décadas. Las elecciones se celebraron en un contexto de mayores medidas de seguridad y restricciones al acceso a Internet, lo que suscitó preocupación por la equidad y la transparencia del proceso electoral. Los observadores internacionales han expresado reservas sobre el entorno en el que se llevaron a cabo las elecciones, señalando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las limitaciones a la libertad de reunión de la oposición.
Wine ha denunciado irregularidades y fraudes generalizados durante las elecciones. Ha convocado protestas pacíficas, pero las fuerzas de seguridad han advertido contra cualquier reunión no autorizada. El gobierno sostiene que las elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con la ley ugandesa y las normas internacionales.
La Unión Africana y la Comunidad de África Oriental enviaron misiones de observación para supervisar las elecciones. Sus informes preliminares han reconocido algunas irregularidades, pero aún no han emitido conclusiones definitivas sobre la credibilidad general del proceso. El apagón de Internet, que duró varios días, suscitó preocupación por la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información y participar plenamente en el proceso electoral. El gobierno justificó la suspensión como una medida para evitar la difusión de información errónea y mantener el orden público. Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación por las restricciones impuestas a la oposición y a los medios de comunicación durante el periodo electoral. Han pedido una investigación independiente sobre las denuncias de fraude e irregularidades.
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