El FBI ejecutó una orden de allanamiento en la residencia de Natanson la semana pasada, incautando tanto sus dispositivos de trabajo como personales. Natanson no es el objeto de la investigación, que se centra en supuestas filtraciones por parte de un contratista del Pentágono.

The Washington Post presentó una moción solicitando la devolución de la propiedad de la reportera y una moción separada para una orden de suspensión temporal para evitar la revisión de los dispositivos incautados en espera de una resolución judicial sobre su devolución. Según una presentación judicial de The Post, "Casi ninguno de los datos incautados es siquiera potencialmente relevante para la orden, que busca únicamente registros recibidos de o relacionados con un único contratista gubernamental". La presentación argumentó además que los datos incautados incluyen "material central protegido por la Primera Enmienda".

La justificación del gobierno para la orden de allanamiento y la incautación de dispositivos ha suscitado preocupaciones sobre posibles infracciones a la libertad de prensa y la protección de las fuentes confidenciales. Expertos legales están siguiendo de cerca el caso, ya que podría sentar un precedente para futuras investigaciones que involucren a periodistas y filtraciones gubernamentales.

Se celebrarán más procedimientos para determinar los próximos pasos, incluyendo si se permitirá al gobierno reanudar su búsqueda en los dispositivos o si serán devueltos a Natanson y a The Washington Post. Es probable que la decisión del tribunal aborde el equilibrio entre los intereses de seguridad nacional y los derechos de la Primera Enmienda de los periodistas.