Dominion Energy Inc. recibió el permiso de un juez federal para reanudar la construcción de su proyecto eólico marino frente a la costa de Virginia, a pesar de una orden previa de la administración Trump para detener el desarrollo de $11 mil millones. El fallo, emitido por el juez de distrito de EE. UU. Jamar Walker en Norfolk, Virginia, marca la tercera instancia esta semana en la que se permitió que un proyecto eólico marino continuara a pesar de una orden de suspensión de trabajo emitida por el gobierno.

El juez Walker emitió una orden judicial preliminar el viernes, impidiendo que el Departamento del Interior hiciera cumplir su orden después de que Dominion Energy argumentara que estaba incurriendo en millones de dólares en pérdidas por cada día que el proyecto permaneciera inactivo. La unidad de Virginia de Dominion Energy se encuentra entre varias compañías que actualmente demandan al gobierno por una orden del 22 de diciembre que suspendió cinco proyectos eólicos de la costa este durante 90 días, citando preocupaciones de seguridad nacional no especificadas.

El desafío legal se deriva de una decisión de la administración anterior de detener temporalmente varios proyectos eólicos marinos a lo largo de la costa este. El gobierno argumentó que la pausa era necesaria para evaluar los posibles riesgos para la seguridad nacional, pero Dominion Energy y otros desarrolladores sostuvieron que la suspensión carecía de justificación específica y estaba causando un daño financiero significativo. A principios de esta semana, los jueces federales dictaminaron que Orsted AS de Noruega podía reanudar el desarrollo de su proyecto frente a Rhode Island, y el proyecto Empire Wind de Equinor ASA cerca de Nueva York también recibió un fallo similar.

El juez Walker se hizo eco de las preocupaciones planteadas por otros tribunales, afirmando que el gobierno no había demostrado adecuadamente un riesgo inminente para la seguridad nacional. Las batallas legales resaltan la tensión continua entre el impulso de la administración Biden para el desarrollo de energía renovable y las preocupaciones, ya sean fundamentadas o no, con respecto a las implicaciones para la seguridad nacional.

La orden inicial del Departamento del Interior planteó preguntas sobre el uso potencial de la inteligencia artificial (IA) en la evaluación de los riesgos de seguridad nacional relacionados con los proyectos de infraestructura. Si bien los detalles de las preocupaciones del gobierno no están claros, la IA podría emplearse para analizar datos relacionados con el tráfico marítimo, los sistemas de radar y otros factores para identificar posibles vulnerabilidades. Sin embargo, la falta de transparencia en torno al razonamiento del gobierno ha alimentado las críticas y los desafíos legales.

El estado actual permite a Dominion Energy reanudar las actividades de construcción mientras continúan los procedimientos legales. Los próximos pasos involucran más audiencias judiciales y posibles apelaciones, que en última instancia determinarán el destino a largo plazo del proyecto y sentarán un precedente para futuros desarrollos eólicos marinos. El caso subraya la importancia de equilibrar las consideraciones de seguridad nacional con la necesidad de infraestructura de energía renovable para abordar el cambio climático.