Los residentes de Jerusalén Este en el barrio de Batn al-Hawa en Silwan se enfrentan a un aumento de los desalojos, lo que provoca temor y perturbación dentro de la comunidad. Kayed Rajabi, un residente de 50 años que ha vivido en la casa de su familia toda su vida, declaró que ha dejado de ir a trabajar como barrendero para el municipio de Jerusalén, temiendo que su familia sea desalojada mientras él está fuera.

Rajabi, junto con sus hijos y otras familias que enfrentan circunstancias similares, han permanecido en sus hogares, y los niños también han dejado de asistir a la escuela debido a la amenaza de un desplazamiento inminente. "Tengo 50 años. Nací aquí", dijo Rajabi, expresando su angustia mientras miraba a través del valle de Silwan hacia la Mezquita de Al-Aqsa. "Abrí mis ojos en esta casa".

Los desalojos son parte de un patrón más amplio de desplazamiento en Jerusalén Este, donde las familias palestinas están siendo obligadas a abandonar sus hogares, a menudo debido a reclamos de organizaciones judías que afirman tener la propiedad histórica. Esta situación ha creado un ambiente tenso, con residentes que se sienten cada vez más vulnerables e indefensos. Rajabi describió la situación como causante de "un dolor enorme" en su corazón.

El barrio de Batn al-Hawa está situado en la Jerusalén Este ocupada, un territorio que ha estado bajo control israelí desde 1967. La comunidad internacional considera a Jerusalén Este territorio ocupado, y la expansión de los asentamientos israelíes y el desalojo de residentes palestinos se consideran violaciones del derecho internacional.

Las batallas legales en torno a estos desalojos suelen ser prolongadas y complejas, e implican reclamaciones de propiedad que se remontan a antes de la creación del Estado de Israel. Los residentes palestinos argumentan que estas reclamaciones se están utilizando para despojarlos de sus hogares y tierras, mientras que las organizaciones judías sostienen que están recuperando propiedades que les pertenecen legítimamente.

El estado actual de los desalojos sigue siendo incierto, con desafíos legales en curso. Sin embargo, el impacto en las familias afectadas ya es significativo, interrumpiendo sus vidas y creando una sensación de inestabilidad e inseguridad. La situación está siendo supervisada de cerca por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que han expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias de los desalojos y el potencial de una mayor escalada de las tensiones en la región.