Desde que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, anunció sus intenciones de intervenir en Groenlandia, han surgido preguntas sobre el alcance de la autoridad del Congreso para limitar el poder presidencial. Estas intervenciones propuestas siguen acciones similares en América Latina, incluyendo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y han provocado un debate, particularmente dentro del partido Republicano, sobre el exceso de poder ejecutivo.
El enfoque de la administración Trump en Groenlandia, miembro de la OTAN y aliado de larga data, ha generado preocupación en el Capitolio. Según Annie Grayer, reportera sénior de CNN, incluso algunos republicanos están comenzando a expresar inquietud sobre las acciones unilaterales del presidente. Estas preocupaciones se centran en si el Congreso puede actuar eficazmente como un control sobre el poder ejecutivo, especialmente durante el último mandato del presidente Trump.
El interés de la administración en Groenlandia no es nuevo. En 2019, el presidente Trump supuestamente exploró la posibilidad de comprar el territorio a Dinamarca, una idea que fue rápidamente rechazada por el gobierno danés. Las recientes amenazas de intervención han renovado las discusiones sobre la relación de Estados Unidos con Groenlandia y los límites de la autoridad presidencial en política exterior.
Los detalles específicos de la política de la intervención propuesta siguen sin estar claros, pero las acciones de la administración en Venezuela ofrecen alguna perspectiva. La captura del presidente Maduro se llevó a cabo mediante una acción ejecutiva, eludiendo la aprobación del Congreso. Esto ha generado preocupaciones de que la administración Trump pueda intentar un enfoque similar con Groenlandia, lo que podría conducir a una crisis constitucional.
El debate sobre Groenlandia destaca una tensión más amplia entre los poderes ejecutivo y legislativo con respecto a la política exterior. Si bien el presidente tiene una autoridad significativa en esta área, el Congreso conserva el poder de declarar la guerra, ratificar tratados y controlar la financiación. La pregunta es si el Congreso podrá utilizar eficazmente estos poderes para restringir las acciones de la administración Trump en Groenlandia.
Ya han comenzado las protestas en respuesta a las declaraciones de la administración. El 14 de enero de 2026, manifestantes portando banderas de Groenlandia se reunieron frente a la Embajada de Estados Unidos en Copenhague, Dinamarca, bajo la consigna "Groenlandia pertenece a los groenlandeses". El estado actual de la situación sigue siendo fluido, y es probable que el Congreso debata el tema en las próximas semanas. Los próximos acontecimientos dependerán de los próximos movimientos de la administración y la respuesta del Congreso.
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