Miles de personas viven en hogares que representan un riesgo para su salud y seguridad tras lo que miembros del Parlamento han descrito como el "fracaso catastrófico" de dos programas gubernamentales de aislamiento. Se han identificado defectos importantes en más de 30.000 viviendas donde se instaló aislamiento a través de programas gubernamentales desde 2022.

El Comité de Cuentas Públicas, un organismo parlamentario que supervisa el gasto público, declaró que el "nivel de incumplimiento" por parte de los instaladores justifica una investigación por posible fraude y criticó la respuesta actual del gobierno como "no creíble". El comité señaló específicamente los programas de aislamiento ECO 4 y GBIS, iniciados en 2022, como fundamentalmente defectuosos en su diseño, sugiriendo que estaban casi "destinados al fracaso" debido a la falta de supervisión por parte de altos funcionarios del gobierno.

Estos programas, diseñados para mejorar la eficiencia energética y reducir la pobreza energética, han provocado en cambio problemas generalizados como humedad y moho, poniendo en peligro la salud de los residentes. El informe del comité destaca una desconexión significativa entre los objetivos previstos de los programas y su implementación real, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de la supervisión gubernamental y el control de calidad en proyectos de obras públicas a gran escala.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto refutó las afirmaciones de riesgos generalizados para la salud y la seguridad, afirmando que era "categóricamente falso". El portavoz añadió que, "para la gran mayoría, esto significa que una vivienda puede no ser tan eficiente energéticamente como debería ser". Esta declaración contrasta fuertemente con las conclusiones del Comité de Cuentas Públicas, que hizo hincapié en la gravedad de los defectos y las posibles consecuencias para la salud de los residentes afectados.

La situación subraya los retos que plantea la aplicación de programas complejos de eficiencia energética y la importancia de unos mecanismos sólidos de supervisión y aplicación. El Comité de Cuentas Públicas ha pedido una investigación exhaustiva sobre el presunto fraude y una revisión completa del enfoque del gobierno respecto a los programas de aislamiento. El informe del comité también plantea cuestiones más amplias sobre la rendición de cuentas y la necesidad de una mayor transparencia en las iniciativas financiadas por el gobierno. Los próximos pasos probablemente incluirán un mayor escrutinio por parte de los comités parlamentarios y posibles acciones legales contra los instaladores que no cumplan las normas, así como esfuerzos para reparar las viviendas afectadas y garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes.