Las protestas a nivel nacional en Irán que desafían la teocracia del país parecían cada vez más reprimidas el jueves, tras una semana de intensificación de la represión por parte de las autoridades y un cierre casi total de Internet. Los activistas estiman que al menos 2.637 personas han muerto en la respuesta del gobierno a las manifestaciones, que inicialmente estallaron a finales del mes pasado debido a la difícil situación económica del país y a la devaluación de su moneda.

Las acciones del gobierno incluyeron el cierre del acceso a Internet, una medida diseñada para sofocar el flujo de información y coordinar la represión. Esta táctica, aunque eficaz para limitar la propagación de la actividad de protesta, también ha suscitado críticas por su impacto en el acceso de los ciudadanos iraníes a la información y la comunicación. El apagón de Internet dificultó la verificación independiente del alcance de la violencia y el número de víctimas.

La perspectiva de una posible represalia estadounidense por la muerte de manifestantes siguió siendo un factor en la región, aunque el presidente Donald Trump sugirió una posible desescalada, señalando que los asesinatos parecían estar disminuyendo. La Casa Blanca, sin embargo, enfatizó que "todas las opciones siguen sobre la mesa". En respuesta a las acciones del gobierno iraní, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas. El Grupo de las Siete democracias industrializadas y la Unión Europea también condenaron la violencia y pidieron moderación.

Las protestas fueron alimentadas por el descontento generalizado por los problemas económicos de Irán, que se han visto exacerbados por las sanciones internacionales y la mala gestión del gobierno. El colapso de la moneda iraní ha provocado el aumento de los precios y el incremento de las dificultades económicas para los ciudadanos de a pie. Las manifestaciones evolucionaron rápidamente de quejas económicas a llamamientos más amplios a favor de un cambio político y el fin del régimen teocrático.

Irán ha señalado su intención de celebrar juicios rápidos y ejecuciones para los detenidos durante las protestas, a pesar de las advertencias de los líderes internacionales, incluido el presidente Trump. La postura de línea dura del gobierno sugiere una determinación de sofocar cualquier disturbio adicional y mantener su control del poder. La situación sigue siendo volátil, con la posibilidad de una mayor escalada en función de las acciones del gobierno y la respuesta de la comunidad internacional.