El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, por acusaciones de que obstruyeron las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La investigación, según informó CBS News, socio de la BBC en EE. UU., se centra en las declaraciones que hicieron los funcionarios con respecto a las actividades de ICE.

La investigación coincide con un mayor escrutinio tras la muerte de Renee Good, de 37 años, quien fue baleada en Minneapolis la semana pasada por un agente de ICE. Los informes vistos por CBS News indican que Good sufrió al menos tres heridas de bala y posiblemente una cuarta en la cabeza.

Walz respondió a la investigación a través de una publicación en X, afirmando: "Convertir el sistema de justicia en un arma contra tus oponentes es una táctica autoritaria". Además, insinuó que la atención debería centrarse en las circunstancias que rodearon la muerte de Good.

La investigación del Departamento de Justicia representa una escalada en la tensión entre la administración Trump y los líderes demócratas con respecto al cumplimiento de las leyes de inmigración. Las declaraciones específicas bajo escrutinio y la naturaleza de la presunta obstrucción no se han revelado por completo.

La situación se desarrolla en un contexto de debate continuo sobre el papel y los métodos de ICE. Los críticos argumentan que las tácticas de ICE son demasiado agresivas y conducen a la separación de familias, mientras que los partidarios sostienen que la agencia es esencial para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener la seguridad nacional. Las protestas han continuado fuera del Edificio Federal Whipple de Minneapolis, que se ha convertido en una sede de facto de ICE.

El resultado de la investigación podría tener implicaciones significativas para la relación entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales con respecto al cumplimiento de las leyes de inmigración. También plantea interrogantes sobre hasta qué punto los funcionarios locales pueden expresar su oposición a las políticas federales sin enfrentar repercusiones legales. El Departamento de Justicia no ha publicado un cronograma para la investigación.