Las fuerzas israelíes demolieron tres viviendas palestinas en la aldea de Shuqba, ubicada en la Cisjordania ocupada, el 21 de enero de 2026. Las demoliciones desplazaron a tres familias y provocaron la condena de los residentes locales.

Según un residente de Shuqba, la destrucción fue descrita como "una verdadera carnicería". El residente, que prefirió no ser identificado por temor a represalias, añadió que las familias recibieron poco aviso antes de que comenzaran las demoliciones.

El ejército israelí declaró que las viviendas fueron demolidas porque fueron construidas sin los permisos necesarios. Israel sostiene que se requieren permisos de construcción en el Área C de Cisjordania, que está bajo control total israelí, para garantizar un desarrollo ordenado. Los palestinos, sin embargo, argumentan que estos permisos son casi imposibles de obtener, y que la política de demolición es una táctica para presionar a los palestinos a abandonar la zona, facilitando una mayor expansión de los asentamientos israelíes.

El Área C constituye aproximadamente el 60% de Cisjordania y alberga tanto asentamientos israelíes como comunidades palestinas. El derecho internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Es probable que las demoliciones exacerben las tensiones en la región y susciten más críticas de las organizaciones internacionales y los grupos de derechos humanos. Estos grupos condenan habitualmente la demolición de viviendas palestinas por parte de Israel, citando violaciones del derecho internacional humanitario. Argumentan que tales acciones constituyen un castigo colectivo y contribuyen a un entorno coercitivo diseñado para desplazar a los palestinos.

Las Naciones Unidas han pedido repetidamente a Israel que cese la demolición de viviendas y propiedades palestinas, enfatizando el impacto humanitario y el impedimento a una solución de dos Estados. La Unión Europea también emitió una declaración expresando su preocupación por las demoliciones e instando a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

El futuro inmediato para las familias desplazadas sigue siendo incierto. Las organizaciones de ayuda locales están proporcionando refugio y asistencia de emergencia, pero se necesitan soluciones de vivienda a largo plazo. Se espera que el incidente se plantee en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se prevé un nuevo debate sobre el conflicto israelo-palestino.