Cada semana, se estima que 230 millones de personas recurren a ChatGPT para consultas relacionadas con la salud, según OpenAI. Este aumento en la búsqueda de información de salud impulsada por la IA se produce cuando OpenAI lanzó recientemente su producto ChatGPT Health a principios de este mes. La pregunta central ahora es si los riesgos inherentes al uso de la IA para el asesoramiento médico pueden minimizarse lo suficiente como para proporcionar un impacto neto positivo en la salud pública.

El auge de los chatbots de IA para la información de salud sigue una tendencia de individuos que buscan asesoramiento médico en línea, una práctica a menudo denominada "Dr. Google". Durante dos décadas, la búsqueda de síntomas en línea ha sido un primer paso común para quienes experimentan problemas médicos. Sin embargo, los modelos de lenguaje grandes (LLM) se están convirtiendo cada vez más en la herramienta preferida por muchos.

Las implicaciones del uso de la IA para el asesoramiento en salud son significativas. Si bien la IA ofrece el potencial de información rápida y accesible, persisten las preocupaciones sobre la precisión, la privacidad de los datos y el potencial de diagnóstico erróneo o autotratamiento inapropiado. Los expertos enfatizan la importancia de verificar la información de salud generada por la IA con profesionales médicos calificados.

Mientras tanto, en Estados Unidos, se está gestando una batalla por la regulación de la inteligencia artificial. Las tensiones aumentaron a finales de 2025 cuando, después de que el Congreso no lograra aprobar en dos ocasiones una legislación que prohibiera las leyes estatales sobre IA, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a impedir que los estados regularan la industria de la IA, de rápido crecimiento, según informó Grace Huckins. Esta medida pone de relieve el debate en curso sobre el nivel adecuado de supervisión gubernamental necesario para equilibrar la innovación con los riesgos potenciales. El conflicto se centra en la medida en que los estados individuales deberían tener el poder de implementar sus propias regulaciones de IA, frente a un enfoque federal más unificado.